El sueño incumplido de la casa propia.
¿De qué desarrollo estamos hablando?
En Santa Clara, en Huaycán y otras zonas de Ate, en Lima Perú, se vive desde hace muchos años la incertidumbre sobre la titulación de las propiedades adquiridas legítimamente.
Las historias que escuchamos son muy parecidas, el escenario está conformado por un terreno hermoso, o una casa a medio construir - en casco -, un urbanista o inmobiliaria que vende los inmuebles y el incauto comprador.
La trama es muy sencilla, el comprador ilusionado con asegurarse el futuro y el de su familia adquiere el inmueble con la promesa del urbanista o inmobiliaria que en breve plazo le entregará el título de propiedad debidamente independizado e inscrito en los Registros Públicos (SUNARP).
Pasan los años, no hay pistas asfaltadas, todo es una polvareda, no hay jardines ni parques para que jueguen los niños y los vecinos tengan un ambiente de esparcimiento, no hay veredas y menos ramplas para discapacitados. Lo más grave no hay agua potable ni desagües, a lo más por propio esfuerzo y costo de los compradores se consigue la luz eléctrica. En Ate, en pleno siglo XXI, los vecinos de La Roncadora en Santa Clara, deben conseguirse el agua a través de los camiones cisterna - aguateros - que cobran precios elevados por el preciado líquido, que no es potable y tiene uso limitado.
En mayo de este año se promulgó el Decreto Supremo N° 008-2013-VIVIENDA, el cual pretende simplificar, unificar y resolver el dramático problema de la “habilitación urbana”; esto es, de la “recepción de obra” a efectos de titular las propiedades inmuebles compradas por cientos de miles de personas que desean su seguridad financiera y la de su familia.
Antes de dicho dispositivo, sólo los urbanistas tenían las facultades plenas para tramitar, gestionar e impulsar los procesos de recepción de obras y posterior titulación. Hoy los compradores, con su título notarial de compra-venta pueden hacer los trámites y gestiones, con las limitaciones propias al no ser los obligados ante el municipio y autoridades públicas, pero ya es un avance significativo.
Infelizmente los legisladores continúan con un criterio de “desconfianza” en los procedimientos, requisitos y trámites. Dicho dispositivo sigue siendo farragoso y lento, tanto así que pueden pasar décadas sin que los ingenuos compradores puedan acceder a su título de propiedad.
El presente siglo se caracteriza por una creciente globalización, que entre otras cosas significa que todo se registra, principalmente las operaciones financieras, inmobiliarias y contractuales, pues la modernidad exige seguridad, garantía y seriedad para un desarrollo transparente y ordenado.
El Perú en ese sentido parece no haber comprendido bien que la titulación de las propiedades inmuebles es esencial para un desarrollo creciente. Con el título de propiedad el titular puede acceder al crédito por el sólo hecho de serlo y sin llegar a una hipoteca; con el contrato de hipoteca logra mayores ventajas y mejores tasas de interés.
Con la titulación se logra transparencia financiera ¿saben cuántas propiedades sin título existen en manos inescrupulosas, en manos de la corrupción y del narcotráfico?
Hernando de Soto, insigne peruano y economista, nos dijo hace poco tiempo que a Bin Laden se le captura justamente por la titulación inmobiliaria, ya que cuando vivía en cuevas (no registradas) fue imposible hallarlo. Igual pasó con Abimael Guzmán quien residía en un inmueble debidamente inscrito a nombre de una de sus miembros senderistas.
De Soto predica en países del tercer mundo y asesora a diversos gobiernos con éxito. Él atribuye gran parte del éxito económico de los países al registro de las propiedades, incluso de las pertenecientes a comunidades de la selva y comunidades indígenas. Pues obviamente ello trae interés financiero en la banca, permite la inclusión en el comercio y negocios a las comunidades nativas, así como acrecienta el acceso a los servicios de salud, educativos, entre otros.
Santa Clara y Huaycán en Ate y otros distritos del Perú aún siguen anclados en el pasado, están muy lejos de integrarse a la modernidad y desarrollo; son cientos y miles de personas que un día creyeron en una inmobiliaria, en un urbanista y éste nunca le cumplió. No existe otra vía que judicializar el incumplimiento del constructor o lotizador, pero en la práctica casi nadie se anima a realizar las demandas judiciales por lo lento, costoso e incierto de nuestro Poder Judicial.
Se avecinan elecciones municipales, ¿vendrán con la promesa del título de propiedad? En verdad siempre lo hacen, siempre prometen que SEDAPAL, la luz eléctrica, las pistas y veredas que el urbanista no cumplió, serán hechas por el municipio. En Santa Clara han pasado más de 20 años sin que ello ocurra; es más, las zonas destinadas para parques ya se vendieron.
¿Alguien podrá salir del laberinto del fauno sin perder la esperanza?
Esperemos que sí.
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